Ley contra la Guerra Económica fortalece capacidad de respuesta del Estado ante sabotaje

Ley contra la Guerra Económica fortalece capacidad de respuesta del Estado ante sabotaje

Tras un debate, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este 9 de enero la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad para la Adquisición de Bienes y Obras Públicas, marco legal presentado el pasado 5 de enero por el Ejecutivo Nacional.

Este texto legal, conformado por 20 artículos, tiene como objetivo “el establecimiento de normas básicas de conducta para la administración pública, en todo sus niveles, que promuevan la honestidad, la participación en los procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras públicas”, así como busca actualizar los mecanismos de las contrataciones públicas y simplificar los trámites necesarios, para así evitar el burocratismo y la corrupción.

“Esta ley constitucional unifica el funcionamiento del sistema integrado de contrataciones del Estado, guiado por la armonización de metodologías, criterios y conceptos utilizados por todos los órganos y entes contratantes del Estado, bajo una política orientada a la simplificación de trámites, estandarización tecnológica, promoción de nuevos actores económicos, creación de nuevos métodos de gestión, fomento de la industria nacional, optimización de la inversión pública y lucha contra el burocratismo y la corrupción”, refiere el texto legal, leído en sesión ordinaria de la ANC, transmitida por VTV.

De igual forma, señala que las instituciones del Estado contarán con un registro único de contrataciones, que contendrá los actores que participan en las contrataciones y los métodos de gestión.

Asimismo, se establecerá una unidad para el cálculo aritmético, “que será utilizada como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde, establecido por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad en los procesos de contratación publica o para el cumplimiento de condiciones o requisitos relacionados”.

Esta unidad será fijada por el Ministerio para la Planificación y el Ministerio para las Finanzas, luego de que sea aprobada durante una reunión en Consejo de Ministros.

Este marco legal también promueve el trabajo de la industria nacional, debido a que las contrataciones beneficiarán a las pequeñas y medianas industrias, así como a las organizaciones socioproductivas que se encuentren inscritos en el sistema económico comunal.

En este sentido, el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez,—quien se encargó de presentar el marco legal de la ley— enfatizó que esta norma permitirá garantizar la protección que se le brinda al pueblo venezolano tras las embestidas de la guerra económica.

Precisó que esta ley tiene cuatro elementos principales; el primero de ellos es flexibilizar los mecanismos de compras y contrataciones públicas, ajustadas a la dinámica de la guerra económica. El segundo está orientado en la lucha contra la corrupción al crear un sistema de compras y contrataciones más transparentes.

Además, indicó que este instrumento legal busca generar incentivos para fomentar y fortalecer la producción nacional.

En este punto coincidió el presidente de la Comisión de los Poderes Públicos, Pedro Carreño, quien enfatizó que esta ley permitirá a los productores populares, los emprendedores y a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), comercializar sus productos de manera directa con el Estado.

“Llegó la hora de que potenciemos el desarrollo nacional, la producción nacional, la industria nacional en todos sus niveles. La pequeña y mediana industria, pero también al emprendedor, al productor popular, los Clap, que tiene facultades de producción, ahora podrán comercializar con el Estado a cualquier nivel”, manifestó.

Inversión de recursos en las regiones

Durante el debate, el constituyente Julio Chávez señaló que la ley permitiría además a los gobernadores y alcaldes ejecutar, de manera oportuna, eficiente y transparente; los recursos que están dispuestos en el Fondo de Compensación Interterritorial, así como destacó que este instrumento cuenta con las disposiciones para fortalecer la economía del país.

“Este aporte que hoy estamos dando es en función de lo que estamos construyendo, se pueda obtener los instrumentos jurídicos para que, en marco de esta agresión —la guerra económica—, poder seguir impulsando la democratización de la renta petrolera, optimizar y simplificar los trámites para que en medio de esta gran dificultad no se paralice la inversión pública”, indicó.

En este punto también coincidió el constituyente Edison Alvarado, quien se refirió a esta ley como la vía legal y transparente para la selección de contratista ante la realidad de cada sector económico. “Esta propuesta procura que las modalidades de selección del contratista sean mecanismos transparentes para lograr la eficiencia en la selección del contratista que llevará a cabo los bienes de los entes contratantes”, agregó.

Por su parte, la constituyente Rosa León resaltó que este instrumento legal garantiza a la administración pública los bienes y servicios del pueblo ante la guerra económica.

Foto: AVN.

Fuente: AVN.

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